Mendoza creó una oficina para ayudar a consumidores en situación de sobreendeudamiento
La nueva oficina ofrece un trámite gratuito y voluntario para buscar acuerdos, refinanciar deudas y evitar que las familias lleguen a una instancia judicial
La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza creó la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, una herramienta destinada a acompañar a personas que atraviesan dificultades económicas o financieras y que tienen problemas para afrontar sus obligaciones.
La medida se estableció mediante la Resolución 384 y propone una instancia administrativa, prejudicial, gratuita y voluntaria para generar un espacio de diálogo entre consumidores y acreedores. El objetivo consiste en prevenir situaciones de insolvencia, sanear las obligaciones y, cuando corresponda, avanzar con una reestructuración de las deudas.
El nuevo mecanismo apunta especialmente a personas cuyo nivel de endeudamiento puede comprometer la atención de sus necesidades básicas y las de su grupo familiar. La caída de los ingresos, la pérdida del empleo, una enfermedad, una separación familiar o cambios en la situación económica pueden generar escenarios de sobreendeudamiento que dificultan el cumplimiento de las obligaciones.
La oficina busca intervenir antes de que el problema se profundice y facilitar acuerdos entre las partes. El procedimiento no reemplaza las vías judiciales establecidas por la legislación nacional ni los mecanismos previstos por las normas de defensa del consumidor.
El ministro Natalio Mema destacó que la iniciativa pretende acompañar a los consumidores durante este proceso y ayudar a quienes mantienen voluntad de pagar sus deudas. También señaló que la expansión del acceso al sistema financiero puede generar dificultades cuando cambian las condiciones económicas y las personas deben afrontar financiamientos que actualmente les resultan difíciles de sostener.
Quiénes pueden acceder y qué deudas contempla
Pueden solicitar la intervención de la oficina las personas que tengan domicilio real en Mendoza, sean consumidores finales y hayan contraído obligaciones financieras dentro de relaciones de consumo.
Para acceder al procedimiento deben encontrarse en una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. La resolución establece como referencia que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente.
Cuando existe una situación de especial vulnerabilidad social, el porcentaje baja al 25%. Esta condición contempla hogares donde haya menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados o pensionados con haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales o trabajadores informales.
La intervención se dirige a casos en los que todavía resulte posible evitar una situación de insolvencia o un quebranto total mediante un proceso de saneamiento o reestructuración.
La oficina puede intervenir en obligaciones originadas por tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento comercial destinado al consumo, créditos otorgados por proveedores no financieros y plataformas financieras digitales legalmente autorizadas.
También contempla créditos otorgados por mutuales y cooperativas y otras modalidades de financiamiento destinadas al consumo.
El procedimiento puede involucrar a bancos y otras entidades financieras, emisores de tarjetas de crédito, entidades no bancarias, fideicomisos financieros, cesionarios de créditos de consumo y otros proveedores que otorguen créditos para consumo de manera habitual y legalmente autorizada.
Quedan fuera del mecanismo las deudas garantizadas por hipoteca, las obligaciones alimentarias, las multas y sanciones penales, las deudas vinculadas con actividades empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar y aquellas obligaciones cuyo capital total supere los 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.
Cómo se inicia el trámite y qué ocurre con los acreedores
El procedimiento comienza a pedido del consumidor. Para iniciar la gestión, la persona deberá acreditar la relación de consumo que originó las deudas, presentar un listado de sus acreedores con sus domicilios y los montos adeudados, acompañar un estado actualizado de sus activos y pasivos y entregar la documentación adicional que solicite la oficina.
Después de recibir la presentación, la Dirección de Defensa del Consumidor citará a los acreedores. Estos tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para informar la existencia y el origen de la deuda, su monto actualizado y el estado de las obligaciones. También deberán informar, cuando corresponda, si existen procesos judiciales en trámite.
Luego, la oficina convocará a una audiencia conciliatoria para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes. Dentro de las alternativas podrán contemplarse quitas, períodos de espera y otras opciones de refinanciación.
Durante la instancia de conciliación quedará suspendida temporalmente la aplicación de intereses punitorios y cargos por mora. Además, los acreedores deberán detener las medidas extrajudiciales compulsivas de cobro y no podrán agravar la calificación crediticia del consumidor mientras se desarrolle el proceso.
La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero, destacó que la herramienta permitirá mediar entre consumidores sobreendeudados y proveedores antes de llegar a la vía judicial. También señaló que la oficina relevará las causas del sobreendeudamiento y promoverá herramientas de educación financiera.
Educación financiera para prevenir nuevos casos
La creación de la oficina también incorpora una estrategia de prevención. La Dirección de Defensa del Consumidor trabajará junto con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas en programas de educación financiera y consumo responsable.
Las personas que accedan al procedimiento de reestructuración deberán participar de estas instancias. El objetivo consiste en incorporar herramientas que permitan mejorar la administración de los recursos y reducir el riesgo de atravesar nuevas situaciones de sobreendeudamiento.
De esta manera, la nueva oficina no solo busca intervenir cuando una familia ya enfrenta dificultades para pagar, sino también generar herramientas para prevenir que los problemas financieros vuelvan a repetirse.
La Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo establece así una instancia de diálogo antes de la vía judicial, con la posibilidad de analizar cada situación y buscar alternativas consensuadas entre consumidores y acreedores.
NoticiasD
5 Octubre 2026