Malvinas: la industria pesquera pidió ser incluida en los reclamos por los recursos

La discusión por la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas sumó un nuevo reclamo desde el sector pesquero. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) pidió al Gobierno argentino que incluya a la actividad pesquera en las medidas vinculadas con la defensa de los recursos del archipiélago, luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en cadena nacional.

La entidad sostiene que existe una relación directa entre la explotación petrolera y la actividad pesquera que se desarrolla bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas. Desde esa perspectiva, planteó que la posición argentina frente a la exploración de hidrocarburos debería contemplar también el esquema de permisos pesqueros que funciona en el Atlántico Sur.

En un comunicado, Fulasp planteó que, si la Argentina considera jurídicamente inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo criterio debería aplicarse a los recursos pesqueros.

La organización también puso el foco en el impacto económico de esa actividad para las islas. Según sus datos, el sistema de licencias pesqueras habría generado alrededor de US$45 millones para la administración británica durante 2023 y 2024, mientras que las proyecciones apuntaban a superar los US$48 millones en el período siguiente.

El peso de la pesca en la economía de las Malvinas

La pesca constituye una de las principales actividades económicas de las Islas Malvinas y, según los datos difundidos por Fulasp, representa cerca del 40% del Producto Bruto Interno del archipiélago.

La entidad señaló que el desarrollo de esta actividad tuvo un fuerte impacto sobre los ingresos de las islas y se convirtió en uno de los pilares de su estructura económica.

Los datos correspondientes a 2024 reflejan la dimensión del negocio. De acuerdo con el relevamiento citado por la organización, durante ese año las capturas en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas.

Dentro de ese volumen tuvo un peso significativo el calamar Illex argentinus, con 146.689 toneladas capturadas.

La actividad también involucró a una importante cantidad de embarcaciones. En los períodos de mayor intensidad de la temporada llegaron a operar simultáneamente más de 130 buques, según las cifras difundidas por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera.

Fulasp estimó además que la administración de las islas obtiene alrededor de 39 millones de libras esterlinas anuales únicamente por la venta de licencias de pesca.

Para la entidad, estos números muestran la relevancia estratégica de incorporar la pesca a la discusión sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

Fulasp pidió equiparar la discusión sobre petróleo y pesca

El presidente de Fulasp, Raúl Cereseto, planteó que la pesca y los hidrocarburos forman parte de una misma discusión vinculada con los recursos naturales y la soberanía.

“El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía”, sostuvo.

Cereseto marcó además una diferencia temporal entre ambas actividades. Mientras la exploración y explotación petrolera constituyen una cuestión hacia el futuro, la organización considera que la extracción de recursos pesqueros ocurre desde hace décadas.

“La diferencia es que hoy estamos intentando impedir una explotación petrolera futura mientras nuestros recursos pesqueros se explotan desde hace décadas”, afirmó.

El planteo de la Fundación se conoció después de que el Gobierno argentino anunciara nuevas medidas y posiciones respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas. La entidad busca que las decisiones oficiales contemplen también el impacto económico y estratégico de las licencias de pesca otorgadas unilateralmente por el Reino Unido.

Denuncian beneficios del RIGI para una empresa vinculada con Malvinas

En paralelo al reclamo del sector pesquero, el debate sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur incorporó otra denuncia relacionada con una empresa británica.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó que Harbour Energy, compañía británica señalada por su actividad en las Islas Malvinas, participe en un proyecto energético desarrollado en la Patagonia que accedió a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según la denuncia del presidente de la Coalición Cívica, Harbour Energy posee el 15% de las acciones de Southern Energy, empresa vinculada con un proyecto destinado a la producción y exportación de gas natural desde la provincia de Río Negro.

El Gobierno aprobó el proyecto mediante la Resolución 559/2025, según la presentación realizada por el legislador.

Ferraro también sostuvo que Harbour Energy corresponde a la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC. La compañía modificó su nombre en 2021 como parte de un proceso de reorganización y estrategia comercial.

El legislador recordó además que las autoridades argentinas habían aplicado en 2013 restricciones contra Premier Oil en el marco de la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

La denuncia abrió otro capítulo dentro de la discusión sobre la explotación de los recursos naturales y las empresas que participan de actividades económicas vinculadas, directa o indirectamente, con el territorio en disputa.

Mientras el Gobierno nacional busca reforzar su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas, desde el sector pesquero reclaman que la estrategia también contemple una actividad que consideran central para la economía del archipiélago y que, según sus relevamientos, genera desde hace años importantes ingresos a partir de la explotación de recursos del Atlántico Sur.

Con información de C5N