Malvinas: el Gobierno denunció vuelos ilegales y exigirá sanciones a una empresa británica

El Gobierno nacional anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en medio de la disputa por la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

La decisión apunta a frenar el proyecto denominado “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y a impedir que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explorar recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina. Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales para activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención.

En paralelo, la Casa Rosada denunció que la empresa THALES UK LIMITED realizó vuelos entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas sin autorización de las autoridades argentinas. Según la información difundida por el Gobierno, la compañía utilizó una aeronave con matrícula del Reino Unido.

El Gobierno exigirá sanciones por los vuelos a Malvinas

A partir de la detección de esas operaciones aéreas, el Gobierno informó que inició acciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas de urgencia. También instruyó a los equipos técnicos para avanzar con las actuaciones correspondientes y exigir sanciones por los vuelos considerados ilegales.

La denuncia sobre THALES UK LIMITED se conoció durante la misma jornada en la que la administración de Javier Milei anunció el procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido. El Ejecutivo vinculó las acciones contra la empresa con su estrategia para defender los derechos que atribuye a la Argentina sobre las islas y los recursos naturales de la zona.

El reclamo oficial también apunta contra lo que el Gobierno considera una explotación ilegítima de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El reclamo por el proyecto Sea Lion

La Oficina del Presidente recordó que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoce la existencia de la disputa de soberanía e insta a las partes a negociar. También mencionó la Resolución 31/49, que prohíbe adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos mientras continúa la controversia.

En ese marco, el Gobierno calificó la explotación unilateral de los recursos como una violación del derecho internacional y sostuvo que genera un “perjuicio irreversible e irreparable” para los derechos soberanos de la Argentina.

La administración nacional intimó al Reino Unido a frenar el desarrollo del proyecto “Sea Lion” dentro de un plazo máximo de 2 semanas. Javier Milei afirmó que, si Londres no detiene la explotación durante ese período, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La medida busca preservar los derechos argentinos frente al avance de la exploración y explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno también pretende impedir nuevos permisos para explorar recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

El rechazo a la posición británica

La Oficina del Presidente expresó su rechazo a la respuesta del Reino Unido luego del discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El Ejecutivo cuestionó que Londres utilice la denominación “Territorio Británico de Ultramar” y sostuvo que el referéndum unilateral realizado en 2013 no cuenta con reconocimiento internacional ni modifica la existencia de la disputa de soberanía.

El Gobierno argentino planteó una estrategia que combina herramientas diplomáticas, administrativas y judiciales. Por un lado, avanza contra las operaciones aéreas que atribuye a THALES UK LIMITED y, por otro, impulsa el mecanismo de arbitraje para intentar detener el proyecto “Sea Lion”.

Con información de NA