La Justicia rechazó una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras

La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot contra la derogación de la Ley de Tierras. El pedido buscaba suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que dejó sin efecto la Ley 26.737.

La decisión fue tomada por el juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, quien consideró que no estaban dadas las condiciones para conceder la medida solicitada.

Según el fallo, no se acreditaron “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que justificaran el otorgamiento de la cautelar.

Pichetto y Massot habían solicitado que se suspendiera la aplicación de la derogación “hasta el dictado de sentencia en el proceso principal”. El objetivo planteado era impedir que, durante el proceso judicial, se consolidaran situaciones jurídicas que luego fueran difíciles de revertir y pudieran afectar derechos de terceros.

El planteo de Pichetto y Massot

La presentación judicial se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara una resolución de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.

El máximo tribunal sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) no contaba con legitimidad para impulsar esa demanda.

Ante ese escenario, los diputados argumentaron que, aunque la Corte no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, su decisión tuvo como consecuencia la aplicación plena de los efectos del DNU 70/2023 sobre la Ley de Tierras.

La crítica de Pichetto tras el rechazo

Después de conocerse la decisión judicial, Pichetto cuestionó el rechazo de la cautelar y advirtió sobre la posibilidad de que se concreten operaciones mientras continúa el proceso.

“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”, sostuvo el diputado en una publicación en la red social X.

Además, consideró que una resolución negativa rápida habría permitido recurrir a instancias superiores y calificó el caso como una situación de “gravedad institucional”.

Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se movilizan este martes a Plaza Lavalle para rechazar la resolución judicial que habilitó la venta de tierras a extranjeros sin las restricciones de la Ley de Tierras.

Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos marcharán este martes hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación en rechazo al fallo que habilitó la venta de tierras a extranjeros sin las restricciones previstas por la Ley de Tierras.

La concentración está prevista para las 16 en Plaza Lavalle, frente al edificio del máximo tribunal. La convocatoria reúne a las dos CTA, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

La movilización se realizará bajo la consigna “La Patria no se vende, la soberanía tampoco”.

Críticas al fallo de la Corte Suprema

Antes de la marcha, representantes de las centrales sindicales, organizaciones sociales, gremios y organismos de derechos humanos ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron su rechazo a la resolución judicial.

El secretario general de la CTA, Hugo Godoy, cuestionó que la Corte Suprema haya considerado que los excombatientes no tenían legitimación para presentar el amparo contra el decreto.

Godoy sostuvo que existe “indignación” por una decisión que, según planteó, validó la vigencia del decreto y también cuestionó el derecho de los excombatientes de Malvinas a presentar una demanda judicial.

Por su parte, Hugo Yasky señaló que la movilización frente a la Corte también busca promover la convocatoria prevista para el 15 de octubre frente al Congreso.

El dirigente sindical sostuvo que ambas jornadas expresan el rechazo de las organizaciones a las políticas del Gobierno nacional y al fallo judicial.

El reclamo del CECIM La Plata

Desde el CECIM La Plata, Hugo Robert cuestionó el alcance de la resolución judicial y afirmó que el fallo “abrió la ventana de negocios”.

Según Robert, las consecuencias de la decisión exceden a la organización que había presentado el amparo. En ese sentido, sostuvo que se trata de “un fallo en contra del pueblo argentino”.

En tanto, Eduardo Tavani, de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, convocó a participar de la concentración frente a la Corte Suprema y de la movilización prevista para el 15 de octubre frente al Congreso.

Entre los principales reclamos de esa jornada estará el rechazo al DNU 70/2023.