La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y dejó sin efecto una cláusula del Gobierno

La Justicia federal resolvió este martes que el Gobierno debe ejecutar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, luego de considerar inconstitucional el mecanismo utilizado para postergar su aplicación. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.

El magistrado hizo lugar a los planteos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), y dejó sin efecto la cláusula incorporada al Decreto 759/2025 que había condicionado la entrada en vigencia efectiva de la Ley 27.795.

La norma había sido sancionada por el Congreso en agosto de 2025 con el objetivo de garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública. Entre sus disposiciones contempla partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones, salarios docentes y no docentes, becas, investigación, infraestructura y equipamiento.

Qué cuestionó la Justicia del decreto

El conflicto se concentró en una frase incluida en el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795. El Decreto 759/2025 estableció que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.

Ese artículo establece condiciones vinculadas con el financiamiento de las normas que generan gastos para el Estado. A partir de esa referencia, la aplicación de la ley universitaria había quedado supeditada a que se identificaran los recursos necesarios y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

Para Cormick, esa condición no podía utilizarse para impedir la ejecución de una ley que había sido aprobada por el Congreso. El fallo consideró que el decreto terminó produciendo un efecto que excedía el alcance de una norma de promulgación: mantener suspendida la aplicación efectiva de una legislación vigente.

Por eso, la resolución ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la Ley 27.795.

El recorrido de la Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto había sido aprobado por el Congreso el 21 de agosto de 2025. Posteriormente, el Poder Ejecutivo decidió vetarlo mediante el Decreto 647/2025. El veto fue publicado oficialmente el 10 de septiembre de ese año.

Sin embargo, Diputados y el Senado insistieron con el texto aprobado y reunieron las mayorías especiales requeridas para rechazar el veto presidencial. Ante esa situación, el Poder Ejecutivo promulgó finalmente la Ley 27.795 a través del Decreto 759/2025.

La controversia apareció precisamente en ese último paso. Si bien la ley fue promulgada formalmente, el decreto incorporó la referencia a la Ley 24.629, que fue interpretada como una condición para avanzar con su ejecución presupuestaria.

La Justicia ahora resolvió que esa limitación no puede sostenerse.

Los planteos del CIN y la UBA

La resolución reunió dos expedientes que habían comenzado por separado. Uno correspondía a la acción colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, con participación de docentes e instituciones académicas.

El otro expediente había sido iniciado por la Universidad de Buenos Aires. La institución había planteado ante la Justicia las dificultades derivadas de la situación financiera que atravesaban sus facultades, colegios preuniversitarios y centros de salud.

Ambas presentaciones cuestionaron que la aplicación de una ley sancionada por el Congreso pudiera quedar paralizada mediante una condición introducida en el decreto de promulgación.

Con el fallo de Cormick, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con la implementación de la Ley 27.795 y adoptar las medidas necesarias para hacer operativas sus disposiciones.