Financiamiento Universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y mantiene la disputa por los fondos

El conflicto por los recursos destinados a las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo este viernes. El Gobierno nacional presentó una apelación contra la resolución judicial que había dejado sin efecto el decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenaba avanzar con su cumplimiento.

La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ante la decisión del juez Martín Cormick. El magistrado había declarado parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025, al considerar que sus efectos generaban un “gravamen irreparable”.

Ahora, el Poder Ejecutivo busca revertir ese pronunciamiento y sostiene que la sentencia presenta errores en la interpretación de las normas presupuestarias y no contempla adecuadamente los argumentos expuestos por el Estado.

Qué argumentos presentó el Gobierno para apelar

En el recurso, la cartera de Capital Humano cuestionó los fundamentos del fallo y sostuvo que la decisión judicial produce “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”.

Uno de los ejes de la apelación es el impacto económico que tendría la aplicación de la normativa. Según la postura oficial, la ejecución de la ley comprometería el equilibrio fiscal porque no establece una fuente de recursos específica y suficiente para afrontar las erogaciones previstas.

El Gobierno también planteó objeciones al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para el Ejecutivo, ese mecanismo judicial no resulta adecuado para resolver una controversia que, según argumenta, requiere establecer montos, fuentes de financiamiento y cuestiones vinculadas con la interpretación de las normas.

La discusión por el presupuesto y el equilibrio fiscal

Otro de los puntos centrales del planteo oficial es la relación entre la Ley de Financiamiento Universitario y el conjunto de normas que regulan la administración de los recursos estatales.

El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la Ley 24.629 debe interpretarse de manera conjunta con las leyes 24.156 y 27.798, que establecen disposiciones sobre la autorización y ejecución del gasto público.

En ese marco, el escrito advierte sobre las consecuencias de cubrir los nuevos desembolsos mediante modificaciones en las partidas presupuestarias existentes.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron.

Además, el Gobierno estimó que la aplicación de la ley “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”. Con ese argumento, busca demostrar la magnitud de las modificaciones presupuestarias que, a su entender, serían necesarias para cumplir con la normativa.

El Gobierno también invoca la división de poderes

La apelación incluye cuestionamientos institucionales. El Ejecutivo considera que ratificar la resolución judicial podría afectar la “división de poderes”, al obligarlo a ejecutar gastos sin que se haya determinado previamente su compatibilidad con las normas de administración financiera y el Presupuesto vigente.

A partir de estos argumentos, la administración nacional pretende que se revoque la decisión que invalidó parcialmente el decreto y que se revise la obligación de avanzar con la implementación de la ley.

La presentación judicial se produce mientras las universidades nacionales mantienen sus reclamos por la actualización de las partidas presupuestarias y la apertura de negociaciones salariales para docentes y trabajadores no docentes.

De este modo, la discusión por el financiamiento universitario continúa tanto en los tribunales como en el ámbito presupuestario, sin que la apelación del Gobierno implique, por sí sola, que la sentencia haya sido revocada.