Cárceles de máxima seguridad se acercan al límite de ocupación y el Gobierno busca evitar el hacinamiento

Las penitenciarías de máxima seguridad de Paraguay atraviesan un fuerte incremento en su nivel de ocupación tras los últimos operativos de traslado de personas privadas de libertad. Frente a este escenario, el Gobierno afirmó que la prioridad será impedir que los nuevos establecimientos repitan los problemas de sobrepoblación que afectan desde hace años a otros centros penitenciarios.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, informó que la cárcel de Minga Guazú alcanzó el 90 % de su capacidad luego de los recientes traslados realizados en el marco del operativo Umbral, mientras que el penal Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, ya registra una ocupación del 80 %.

El funcionario remarcó que la administración pretende preservar las condiciones de estos establecimientos y evitar que lleguen a una situación crítica. “Nuestra política criminal es muy clara: no nos podemos dar el lujo de que estas nuevas cárceles tengan los mismos problemas de hacinamiento de los actuales, no lo vamos a permitir”, aseguró.

En paralelo, el Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Tacumbú, presenta un escenario muy diferente. Actualmente alberga unas 1.100 personas, una cifra considerablemente menor a las aproximadamente 4.000 que llegó a alojar en distintos momentos durante los últimos quince años.

Según detalló Nicora, tanto este centro como la penitenciaría de Ciudad del Este concentran exclusivamente internos que aún se encuentran procesados por la Justicia.

A nivel nacional, el sistema penitenciario reúne a unas 20.500 personas privadas de libertad. De ese total, alrededor de 13.000 mantienen causas judiciales en trámite. El ministro explicó que esa población cambia constantemente debido a que algunos recuperan la libertad mediante medidas alternativas mientras otros ingresan con prisión preventiva.

Tobilleras electrónicas, una de las principales apuestas para reducir la población carcelaria

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, sostuvo que una mayor utilización de dispositivos electrónicos de monitoreo permitiría disminuir la cantidad de internos y aliviar la presión sobre las cárceles.

“No llegamos a 200 (tobilleras) lastimosamente, tenemos mil disponibles, con eso se puede vaciar una cárcel o una prisión más y media”, afirmó el funcionario al destacar que todavía existe un amplio margen para expandir este mecanismo.

Buscan liberar policías destinados a custodias domiciliarias e incorporar más tecnología

Riera también advirtió que cerca de 8.000 efectivos policiales se encuentran asignados al control de personas que cumplen prisión domiciliaria, una situación que, según indicó, limita la capacidad operativa de la fuerza.

En ese contexto, señaló que el objetivo es reemplazar parte de esas custodias mediante sistemas tecnológicos que combinen teléfonos celulares, monitoreo satelital por GPS y controles aleatorios, reduciendo así la necesidad de vigilancia presencial.

Además, el ministro reconoció que continúan registrándose delitos organizados desde el interior de las cárceles, entre ellos casos de extorsión con impacto fuera de los establecimientos penitenciarios. Para enfrentar ese problema, el Gobierno proyecta incorporar inhibidores de señal, escáneres y detectores de metales como parte de un plan de fortalecimiento de la seguridad en los penales.

Fuente: Diario Hoy