¿Cuándo una transición energética se vuelve justa?

Desde el 6 de octubre, ministros, empresas, organismos internacionales, academia y otros actores del sector se reunirán en Santo Domingo para la XI Semana de la Energía de América Latina y el Caribe. La agenda refleja la magnitud de las decisiones y los retos que enfrenta la región: seguridad energética, financiamiento, integración, nuevas tecnologías, planificación, capacidades, género y pobreza energética, entre otros temas.

En medio de esas discusiones hay una pregunta que parece sencilla, pero no lo es: ¿qué hace que una transición energética sea justa? La respuesta parece ir mucho más allá de las tecnologías que elegimos.

Hablar de una transición energética justa puede sugerir una agenda compartida que logre transformar los sistemas energéticos sin reproducir o profundizar desigualdades. Pero esa formulación común puede ocultar una realidad mucho más diversa. Y es que cuando la transición aterriza en contextos locales, el problema que necesita resolverse (aquello que necesita ser justo), cambia considerablemente de un territorio a otro.

La Amazonía ecuatoriana ofrece un buen ejemplo. En la comunidad Achuar de Wayusentza, en Pastaza, algunas tecnologías como lámparas y paneles solares ya forman parte del paisaje. Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado y desigual: pocos hogares cuentan con kits solares, los dispositivos tecnológicos son escasos y el acceso a internet es limitado y está mayoritariamente controlado por hombres. Estas condiciones afectan especialmente las posibilidades de las mujeres de acceder a información, educación y actividades productivas.

La iniciativa desarrollada por la ONG ASOCLIMA trabajó en la zona con mujeres en uso y mantenimiento de sistemas solares, herramientas digitales y liderazgo comunitario, combinando el aprendizaje práctico con adaptaciones al aislamiento geográfico, las limitaciones de conectividad y las características culturales de la comunidad. La experiencia deja una pregunta importante: ¿qué ocurre cuando el acceso llega, pero las desigualdades permanecen?

Una tecnología renovable puede llegar a un territorio y representar un avance, pero su llegada no garantiza que todas las personas tengan las mismas capacidades para utilizarla, decidir sobre ella o beneficiarse de los cambios que produce. La transición puede resolver una brecha y, al mismo tiempo, hacer visibles otras.

Pero la justicia no se juega solamente en el acceso o uso de una tecnología. También importa quién participa en su diseño. En Ecuador, WasiLab de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) partió de brechas identificadas por la propia universidad a través de un diagnóstico con más de 1100 actores vinculados con la implementación del Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático (PLANMICC 2025–2070). Una de ellas era la capacidad para transformar prioridades e ideas en proyectos suficientemente estructurados para avanzar hacia potenciales fuentes de financiamiento.

A partir de ese diagnóstico, se diseñó un proceso de formación y acompañamiento que produjo notas de concepto, pitches y otras herramientas de formulación, pero también permitió ir más allá de la formulación técnica: los participantes revisaron supuestos e incorporaron dimensiones sociales, culturales y de género en el planteamiento de sus proyectos.

Esto abre otra dimensión de la justicia. No se trata solamente de preguntar quién recibe los beneficios de la transición. También importa quién participa en las decisiones y qué perspectivas y realidades logran incorporarse en aquello que se diseña.

Un proyecto energético puede ser técnicamente sólido y financieramente atractivo y, aun así, no reconocer cómo sus beneficios, costos u oportunidades pueden distribuirse de manera desigual. Construir una transición justa requiere entonces capacidades técnicas, pero también la capacidad de reconocer las dimensiones sociales, territoriales y de género de aquello que se está diseñando.

Esa preocupación está muy cerca de las conversaciones que la región tendrá en Santo Domingo. La propia agenda de la Semana de la Energía reconoce que planificar la transición requiere capacidades institucionales, coordinación de inversiones y articulación entre actores, mientras otros espacios estarán dedicados específicamente al desarrollo de capacidades, género y transición justa.

Si seguimos haciendo zoom, aparece una dimensión mucho más cotidiana: la capacidad de comprender y tomar decisiones sobre la energía que utilizamos. En Cochabamba, Bolivia, una iniciativa del Centro Boliviano de Energías Renovables (CBER) trabajó con mujeres en electricidad doméstica, eficiencia energética y conocimientos básicos sobre sistemas fotovoltaicos. Su punto de partida era una desigualdad aparentemente cotidiana: muchas mujeres habían atravesado la escuela, los espacios profesionales y finalmente el hogar, con mucho menos acceso que los hombres a conocimientos y tareas históricamente consideradas como masculinas.

Después de la formación, las participantes reportaron mayor seguridad para utilizar herramientas, identificar riesgos, realizar reparaciones o reemplazos básicos y comprender mejor la eficiencia energética desde su consumo cotidiano.

A primera vista, aprender a utilizar una herramienta o entender el consumo eléctrico de una vivienda puede parecer pequeño frente a las grandes decisiones sobre matrices energéticas, infraestructura o inversión. Pero plantea una pregunta fundamental: si las tecnologías, fuentes y formas de consumir energía están cambiando, ¿quién tiene los conocimientos necesarios para entender qué significa ese cambio dentro de su propia casa?

Comprender la energía amplía la capacidad de evaluar opciones, hacer preguntas, reconocer riesgos y tomar decisiones. Sin embargo, tener capacidad para decidir no significa necesariamente tener poder para hacerlo: los ingresos, los precios, las relaciones dentro del hogar y las opciones disponibles en el mercado también condicionan esa elección. Por eso, la justicia de la transición energética también puede jugarse dentro de una casa.

Existe todavía otra pieza. Saber utilizar una tecnología, formular un proyecto o desarrollar una habilidad no garantiza por sí solo que esa capacidad pueda convertirse en acción y ponerse en práctica.

Experiencias en distintos países muestran la importancia de las conexiones. Grupos comunitarios de ahorro liderados por mujeres pueden ayudar a enfrentar el costo inicial de acceder a nuevas tecnologías. Autoridades comunitarias pueden aportar legitimidad y facilitar procesos en un territorio. Empresas y profesionales pueden conectar formación con mentoría y oportunidades laborales. Universidades e institutos educativos pueden vincular la formulación de proyectos con conocimiento especializado y potenciales fuentes de financiamiento.

En Camerún, una iniciativa liderada por Women for a Sustainable Energy and Climate Action (W4SECA) lo muestra desde otra perspectiva. Veinticinco mujeres, entre ellas emprendedoras, agricultoras, docentes, estudiantes, mujeres con discapacidad y mujeres desplazadas internamente por el conflicto en las regiones anglófonas, participaron en una formación sobre energías renovables y emprendimiento. Para hacerla posible se articularon el municipio, profesionales de electrificación off-grid, un hub de innovación y especialistas del sector energético además, se trabajó en francés e inglés, hubo traducción espontánea a lenguas locales y se generaron condiciones para que madres pudieran asistir con sus bebés.

La transición energética justa no depende solamente de las tecnologías que elegimos o de quiénes reciben sus beneficios. Acceso, diseño, capacidades, poder de decisión y conexiones son también dimensiones de una misma pregunta por la justicia. Pero esas capacidades no operan de manera aislada, estas necesitan conectarse con instituciones, recursos, conocimiento, financiamiento y otros actores capaces de convertirlas en acción.

Eso conduce a dos preguntas que pueden acompañar las grandes discusiones energéticas de la región: ¿Quién tiene capacidad para construir la transición como una transición justa? ¿Y con quién necesita conectarse para poder hacerlo?

Las experiencias muestran que no existe una única respuesta. En algunos contextos, la primera cuestión de justicia es todavía mucho más básica: acceder a energía donde esta no está disponible o lo está de manera insuficiente. En otros, el acceso puede existir y, sin embargo, persistir desigualdades en la capacidad de utilizar la tecnología, participar en las decisiones o aprovechar las oportunidades que genera. La diversidad, entonces, no está solamente en las soluciones. Está también en aquello que necesita ser justo en cada contexto y en el lugar donde esa desigualdad aparece.

Por eso, la pregunta por la justicia no debería aparecer solamente al final, cuando una tecnología ya fue elegida, una inversión aprobada o un proyecto diseñado. Debería acompañar el proceso de transición desde el inicio y mientras ocurre, y ayudarnos a mirar quién puede participar en su construcción, quién puede tomar decisiones y qué desigualdades podrían reproducirse en el camino.

A medida que América Latina y el Caribe discuten cómo financiar, planificar y acelerar su futuro energético, esta perspectiva puede ayudar a ampliar la conversación: no solamente qué transición queremos, sino qué necesitamos mirar para construirla como una transición justa.

Las experiencias que alimentan esta reflexión provienen de 19 Learning & Innovation Grants implementados en el marco de Impulsouth, una iniciativa de Fundación Avina y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) apoyada por el International Development Research Centre (IDRC). Los proyectos se desarrollaron en contextos muy distintos de África y América Latina y abordaron desde formación técnica y emprendimiento hasta desarrollo de proyectos, investigación y gestión comunitaria de la energía.

Varias de ellas forman parte también de una guía de storytelling sobre transición energética justa en el Sur Global, que reúne 13 historias de África y América Latina, y propone herramientas para contar estos procesos desde sus dimensiones más humanas. Porque detrás de una conversación que puede parecer técnica o lejana, la justicia también se juega en espacios mucho más cercanos: en una comunidad, en una oportunidad de trabajo o incluso dentro de una casa.