La ONU cuestionó a Perú por la detención de Pedro Castillo y pidió revisar su situación

Un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reavivó el debate político en Perú al concluir que la privación de libertad del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y recomendar al Estado peruano su liberación, además de una reparación por las presuntas vulneraciones a sus derechos.

El documento sostiene que durante el proceso judicial no se respetaron plenamente las garantías del debido proceso y que la detención posterior a la crisis política de diciembre de 2022 presentó irregularidades jurídicas. Entre sus recomendaciones también figura la realización de una investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon el caso.

Qué dice el informe de la ONU

Según el Grupo de Trabajo, la detención de Castillo careció de una base legal suficiente y no se respetaron plenamente derechos fundamentales vinculados a la defensa y al procedimiento judicial. Por ese motivo, el organismo recomendó:

1. La liberación inmediata del exmandatario.
2. El otorgamiento de una indemnización y otras formas de reparación.
3. Una investigación independiente sobre las presuntas irregularidades del proceso.

La situación judicial de Pedro Castillo

Pese al pronunciamiento de la ONU, Pedro Castillo continúa detenido porque actualmente cumple una condena de primera instancia de 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión, sentencia que aún se encuentra en etapa de apelación. El informe del organismo internacional no tiene carácter vinculante y no modifica automáticamente su situación judicial.

Repercusiones políticas

El dictamen generó posiciones enfrentadas dentro de la política peruana. Mientras sectores cercanos al expresidente consideran que el informe respalda sus denuncias sobre una persecución política, otros sostienen que la decisión de la ONU no invalida el proceso judicial ni la condena dictada por la Justicia peruana.

La publicación del informe volvió a instalar el debate sobre la legalidad de la detención de Castillo y el alcance de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en causas judiciales de alto impacto político.