El acuerdo con Estados Unidos abre la puerta a la energía nuclear en Paraguay

Paraguay dio un paso clave en su estrategia energética tras la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para impulsar la cooperación en el ámbito de la energía nuclear con fines civiles. El documento, suscrito esta semana, establece las bases para avanzar en futuros proyectos vinculados con la generación eléctrica.

El ministro de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), Jorge Molina, explicó que el entendimiento representa el punto de partida para acceder a asistencia técnica y tecnológica relacionada con la instalación y operación de reactores nucleares.

Sin embargo, el siguiente desafío será concretar el denominado "Acuerdo 123", un instrumento jurídico indispensable para que Washington habilite la transferencia de conocimientos, equipamiento y materiales destinados al desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.

Qué es el Acuerdo 123 y por qué resulta clave para Paraguay

Este mecanismo está respaldado por la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos, aprobada en 1954, y constituye un requisito obligatorio para autorizar la exportación de tecnología nuclear a otros países.

Según explicó Molina, la negociación podría extenderse durante más de un año e incluiría la llegada de especialistas estadounidenses para analizar las condiciones técnicas y de seguridad existentes en territorio paraguayo.

“Tienen que venir, nos tenemos que sentar, tienen que ver la infraestructura que tenemos en el país para poder vendernos un tornillo de tecnología nuclear, ellos tienen que estar seguros de que nosotros podemos manejar y que tenemos la seguridad, no solo física, antirrobo, antiterrorismo, la parte de salvaguardia, construcción y mantenimiento, todo eso tenemos que poner en papeles de que sí se puede”, detalló.

Los desafíos que Paraguay deberá afrontar antes de incorporar tecnología nuclear

Las autoridades paraguayas también reconocieron la necesidad de formar profesionales especializados para operar una futura central nuclear y de adecuar el marco legal vigente a las exigencias internacionales.

En ese sentido, el Gobierno trabaja en la elaboración de una normativa específica que será revisada y perfeccionada con el apoyo de organismos internacionales vinculados con la energía atómica.

La experiencia de otros países de la región, como El Salvador, indica que este tipo de procesos puede extenderse durante varios años, ya que la transferencia de tecnología requiere la verificación de estrictos protocolos de seguridad y la evaluación permanente de la infraestructura disponible.