María Belén Agudiez: de $43 mil al ingresar al Estado a declarar $4,5 millones

La evolución patrimonial de la exsubsecretaria de Planificación General María Belén Agudiez quedó bajo la lupa luego de conocerse sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Según esas presentaciones, la exfuncionaria pasó de declarar un patrimonio de $43.000 al ingresar a la administración pública a informar activos por $4.500.000 al cierre de 2025.

El cambio representa una multiplicación por 98 de los activos declarados y un incremento cercano al 9.766% respecto de la primera presentación. Agudiez se desempeñó como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y mantuvo vínculos cercanos con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Los números surgen de la comparación entre las declaraciones juradas correspondientes a distintos momentos de su paso por la administración pública. Al momento de su ingreso, la exfuncionaria informó $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo.

En su presentación correspondiente al cierre de 2025, en cambio, declaró activos por $4,5 millones. La documentación consignó además una composición patrimonial que incluía dinero en efectivo, fondos comunes de inversión, tenencias en plataformas de pago y una caja de ahorro en dólares.

Qué declaró Agudiez sobre sus ingresos y ahorros

El desglose de la declaración jurada correspondiente a 2025 muestra que Agudiez informó $3,5 millones en efectivo. A ese monto sumó inversiones en fondos comunes, entre ellos Mercado Fondo y SBS, tenencias en plataformas de servicios de pago y una caja de ahorro denominada en dólares.

La exfuncionaria también declaró ingresos por $37,6 millones durante el período anual. En el mismo documento consignó gastos personales por $36 millones.

La evolución de los activos declarados tomó relevancia después de su salida de la administración pública y en medio de la reestructuración de personal realizada en la Quinta de Olivos.

Agudiez había sido designada como subsecretaria de Planificación General en enero de 2024. Su renuncia quedó formalizada mediante el decreto 1055/2026, según la información publicada sobre su salida.

El caso adquirió mayor exposición pública a partir de los cambios implementados en la residencia presidencial. Cerca de 12 empleados civiles fueron apartados de sus funciones en Olivos, en un proceso que el Gobierno vinculó con razones de seguridad y sospechas de filtraciones de información.

Entre las personas desplazadas estuvo Osvaldo Sosa, quien se desempeñaba como administrador de la residencia presidencial y es pareja de Analía Agudiez, hermana de María Belén Agudiez.

La denuncia de Marcela Pagano y la investigación sobre Olivos

La evolución patrimonial de Agudiez quedó además vinculada al debate generado por una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano sobre presuntas irregularidades en compras y contrataciones relacionadas con la Quinta de Olivos.

Pagano sostiene que parte de los alimentos adquiridos con fondos públicos para la residencia presidencial podrían haber sido derivados a un emprendimiento privado de catering denominado Pancitos Caseros, relacionado con Analía Agudiez y Osvaldo Sosa. La legisladora presentó documentación y pidió que la Justicia investigue el presunto esquema.

Entre los elementos mencionados en la denuncia aparece una contratación para la provisión de alimentos destinados a la Casa Rosada y a la residencia presidencial. Pagano puso el foco en las relaciones familiares entre personas vinculadas con la administración de Olivos y quienes desarrollaban actividades gastronómicas privadas.

La documentación difundida en torno al caso también menciona a Agudiez y a Sosa entre las autoridades con competencia para intervenir en procedimientos de contratación. Sin embargo, la documentación por sí sola no demuestra que ambos hayan autorizado personalmente una compra determinada ni que hayan favorecido a un proveedor específico.

La denuncia de Pagano se encuentra bajo análisis judicial y sus acusaciones deberán ser investigadas para determinar si existieron irregularidades y, eventualmente, responsabilidades. Por el momento, la evolución patrimonial de Agudiez constituye un dato que surge de sus propias declaraciones juradas, pero no demuestra por sí misma la existencia de un delito.

El caso se desarrolla mientras el Gobierno avanza con la reorganización de la Quinta de Olivos y mientras la Justicia analiza las denuncias relacionadas con las compras, contrataciones y el funcionamiento de la residencia presidencial.

Con información de NA