La Justicia embargó el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó embargar preventivamente el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La propiedad pertenece a Los Sauces S.A., una sociedad vinculada a la familia Kirchner, y quedó incluida en la segunda etapa de medidas destinadas a asegurar el decomiso de bienes establecido en la condena por la causa Vialidad.

La resolución de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso apunta a preservar los activos mientras avanza el proceso para determinar qué bienes deberán quedar definitivamente afectados al decomiso. El monto fijado por la Justicia asciende a $685.000 millones.

Qué implica el embargo sobre el departamento de San José 1111

La decisión no significa que el inmueble vaya a ser subastado de manera inmediata. El TOF 2 aclaró que las medidas cautelares buscan impedir que los bienes puedan disponerse jurídicamente mientras continúa la ejecución patrimonial de la condena.

Por el momento, el embargo tampoco modifica la titularidad registral de la propiedad. Sin embargo, la inclusión del departamento en el listado abrió el interrogante sobre si Cristina Kirchner podría tener que buscar otro domicilio en caso de que la Justicia avance posteriormente con la realización del inmueble.

La propiedad forma parte de los activos de Los Sauces S.A., una de las sociedades que los jueces analizaron al evaluar la relación económica entre las empresas de Lázaro Báez y los negocios de la familia Kirchner.

La segunda etapa del decomiso de bienes

Las nuevas medidas corresponden a una segunda fase de la ejecución patrimonial. En la primera etapa, el fiscal Diego Luciani había solicitado medidas sobre 111 propiedades, pedido que luego aprobó el TOF 2.

Dentro de ese primer grupo quedaron 20 inmuebles vinculados con la familia Kirchner, 85 relacionados con Lázaro Báez y sus empresas y otros seis correspondientes a los demás condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el tribunal respecto de esos bienes. Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la Corte Suprema de Justicia deberá resolver los planteos pendientes.

Mientras espera esa definición, el TOF 2 comenzó a trabajar sobre un nuevo conjunto compuesto por 144 activos, entre inmuebles, vehículos y participaciones accionarias en diferentes sociedades.

También quedaron alcanzados bienes de Máximo y Florencia Kirchner

En esta nueva etapa, los jueces extendieron las medidas a activos vinculados con Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos aparecen cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

El tribunal fundamentó esa decisión en las conclusiones de la sentencia de la causa Vialidad, que estableció la existencia de una relación económica entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner durante el período comprendido entre 2003 y 2015.

Según la resolución, las compañías de Báez alquilaron y explotaron turísticamente hoteles y propiedades de la familia Kirchner y también realizaron construcciones en esos establecimientos. Parte de esas operaciones se concretó a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para los jueces, esa operatoria permitió que recursos provenientes del delito investigado terminaran incorporados a activos de esas sociedades. Por ese motivo, consideraron necesario preservar los bienes incluidos en esta nueva etapa hasta que se determine su situación definitiva.

La resolución también se apoyó en el artículo 23 del Código Penal, que contempla la posibilidad de alcanzar a personas jurídicas o sociedades que hayan obtenido beneficios derivados de un delito y permite avanzar sobre determinados bienes o participaciones transferidos a terceros.

De esta manera, el TOF 2 continúa con la ejecución patrimonial de la condena por la causa Vialidad, mientras la Corte Suprema mantiene pendientes los recursos vinculados con el primer grupo de propiedades.