Ley de Soberanía Nacional, el proyecto de Milei sobre Malvinas: el PDF completo

El Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa oficial que busca establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes. El texto ingresó mediante el Mensaje N° 275-2026 del Poder Ejecutivo Nacional y fue calificado desde la Casa Rosada como un hito en el proceso de recuperación del archipiélago y un avance legal sin precedentes en la historia del país.

El impulso de la norma en el ámbito parlamentario se produce tras los cuestionamientos oficiales al avance del proyecto petrolero Sea Lion, que prevé operaciones de explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades argentinas. Frente a este escenario, la propuesta contempla la derogación de la Ley 26.659 —vigente desde 2011— para ampliar el alcance de las sanciones, extendiendo las prohibiciones más allá de la actividad petrolera hacia cualquier aprovechamiento no habilitado de recursos naturales renovables y no renovables.

La propuesta legislativa se estructura sobre tres ejes centrales: castigar la explotación ilegítima de los recursos naturales, generar incentivos mediante un régimen de regularización para que las empresas involucradas cesen dicha conducta y dotar al Estado Nacional de nuevas herramientas institucionales en materia de Defensa y Seguridad Nacional.

Penas de hasta 20 años de cárcel, multas millonarias e inhabilitación para empresas

El nuevo plexo normativo establece un drástico endurecimiento en el régimen de sanciones penales y administrativas contra personas humanas, jurídicas y sociedades que ejecuten o faciliten operaciones sin aval argentino. En materia penal, el proyecto estipula penas de 12 a 15 años de prisión para la prospección o exploración de hidrocarburos, de 12 a 20 años para la exploración o explotación de recursos no renovables, y de 15 a 20 años de cárcel para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en la Plataforma Continental. Además, se tipifica por primera vez la figura del proveedor esencial, sancionando con 5 a 7 años de prisión a quienes brinden bienes o servicios clave a sabiendas de la ilicitud.

En la faz administrativa y corporativa, la Autoridad de Aplicación podrá imponer multas económicas calculadas en barriles de petróleo crudo WTI —con escalas que van desde los 4.000 hasta los 500.000 barriles para infracciones generales y de hasta 3.000.000 de barriles en casos de extracción—, además de disponer la inhabilitación para operar en Argentina por plazos de entre 5 y 20 años. La sanción de inhabilitación implica la prohibición de desarrollar actividades económicas en el país, la revocación de licencias, el cese de exenciones fiscales o previsionales y la resolución de contratos vigentes, contemplando incluso la suspensión de actividades por hasta 30 años o la disolución de la sociedad.

Creación del Sistema de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad y juicio en ausencia

Más allá del régimen sancionatorio sobre recursos naturales, el proyecto crea el Sistema de Seguridad Nacional con el objetivo de coordinar de forma permanente las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa e inteligencia del Estado. Este sistema estará conducido por el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano rector presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el Jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

En paralelo, la norma modifica la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 para adecuar el empleo de las Fuerzas Armadas ante riesgos y amenazas externas de origen estatal o no estatal, e incorpora un marco normativo específico para identificar y proteger Infraestructuras Críticas. Asimismo, el texto contempla la figura procesal del juicio en ausencia para juzgar penalmente a imputados extranjeros sin necesidad de que se encuentren a disposición física de la justicia argentina, e instituye un Régimen de Desistimiento y Regularización para que las empresas infractoras puedan regularizarse mediante el pago de multas o la reconversión de sus inversiones en el territorio nacional.

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