Federación de ONG’s que trabajan adicciones pidieron por un Estado presente

«Las próximas elecciones del 19/11 constituirán un momento trascendental para la vida institucional de nuestra Argentina», informó FONGA, la Federación de ONG’s especializadas en tratamientos y prevención de adicciones, a menos de una semana del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

En ese marco las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en FONGA consideraron necesario fijar una posición respecto de la cuestión de las drogas y de las adicciones «que dé cuenta tanto de los lineamientos centrales que consideramos deberá respetar una política pública sobre el tema, como del marco filosófico que debería regirla».

1. Manifestamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la democracia
   y sus instituciones, rescatando especialmente del pacto de convivencia,
   tolerancia, respeto y defensa de los derechos humanos que acordaron todas las
   fuerzas políticas y sociales a partir de 1983.
2. Afirmamos que solamente un estado presente que articule con inteligencia y
   dinamismo sus recursos junto con el rol preponderante que viene
   desarrollando durante décadas la sociedad civil, puede construir una política
   sobre drogas efectiva, inclusiva e integradora, que garantice el derecho de
   todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de acceder a recursos
   institucionales y servicios de calidad en el campo de la salud mental y las
   adicciones.
3. Rechazamos toda filosofía política que considera innecesaria y aberrante
   cualquier forma de solidaridad y empatía que no esté fundada en la obtención
   de un beneficio puramente individual.
4. Opinamos que el individualismo como valor absoluto que sustenta la
   propuesta filosófica de una de las versiones más extremas del neoliberalismo
   actual, fortalece la idea de que las adicciones son cuestiones estrictamente
   individuales, y que solamente constituyen un problema en la medida que
   representen un costo para el Estado, como se ha expresado públicamente

5. Consideramos que esta línea de pensamiento lleva inevitablemente a la
   conclusión de que el Estado no debe desarrollar políticas al respecto, y debe
   ser exclusivamente el mercado quien regule el ámbito de la salud en términos
   de relaciones estrictamente comerciales. Esto sería gravemente perjudicial
   para la población, especialmente para los sectores sociales empobrecidos y
   marginalizados, y entraría en abierta contradicción con el enfoque comunitario que
   rige hoy las políticas sobre drogas en la Argentina y el mundo.
6. Por otra parte, este reduccionismo mercantiliza las relaciones sociales llevando
   a considerar que la persona que consume drogas de manera problemática o
   padece una situación de adicción no es una persona que padece una
   enfermedad, sino un oportunista que pretende que los costos de los
   «beneficios» que obtiene con su “conducta irresponsable” los paguen los
   demás. En este contexto, la solidaridad, la compasión, la empatía son
   antieconómicas. Desaparece, también, toda posibilidad de pensamiento
   complejo respecto de la cuestión de las drogas y las adicciones.
7. Creemos firmemente que la libertad plena -valor fundamental de cualquier
   propuesta que pretenda fortalecer la salud mental de la población- es una
   condición que se alcanza en una comunidad democrática y solidaria, con un
   estado presente que se proponga equilibrar las desigualdades y garantice la
   igualdad de oportunidades para todos y todas sus ciudadanos y ciudadanas. El
   ultra individualismo sepulta toda posibilidad de solidaridad y empatía
   condiciones fundamentales para cualquier intervención en nuestro campo de
   trabajo.
8. Afirmamos que las políticas de prevención y asistencia de las adicciones son
   una inversión imprescindible que debe realizar el Estado en función de
   proteger y garantizar la salud de la población.
9. La democracia, la vigencia plena de los derechos humanos y sociales, la
   igualdad de género y la libertad de expresión son condiciones fundamentales
   de la salud mental.
10. Rechazamos toda reivindicación del terrorismo de Estado y de cualquier forma
    de violencia.