El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y baja a 14 la edad de imputabilidad

El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención, luego de haber recibido previamente la aprobación de la Cámara de Diputados.

El proyecto, impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich, crea un sistema penal juvenil especializado y ahora aguarda la reglamentación y su publicación en el Boletín Oficial.

Durante el debate, la senadora defendió la norma y sostuvo que el Estado debía actuar frente al delito juvenil. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, afirmó.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La ley crea un sistema específico para adolescentes de 14 a 18 años, con procedimientos judiciales adaptados a su edad y con garantías reforzadas desde el inicio del proceso.

El texto incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de la libertad. Además, dispone que los menores de 18 años no compartan espacios judiciales ni penitenciarios con personas adultas.

El esquema de sanciones prevé medidas progresivas que incluyen instancias educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación. La privación de la libertad solo podrá aplicarse en delitos graves y con límites temporales estrictos.

También se incorpora la figura del supervisor judicial especializado, que deberá acompañar y monitorear el proceso de reinserción del joven. La normativa exige la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

Críticas del peronismo por fondos e inconstitucionalidad

El bloque peronista rechazó la iniciativa desde el inicio del debate. Legisladores de ese espacio advirtieron que la ley prioriza el enfoque punitivo por sobre la protección integral de las infancias.

Según la norma, el presupuesto previsto para implementar el sistema asciende a 23.700 millones de pesos para las provincias. Desde la oposición señalaron que esos recursos resultan insuficientes para la infraestructura requerida.

El senador Jorge Capitanich advirtió que sin financiamiento adecuado la ley podría quedar sin aplicación efectiva. En la misma línea, Lucía Corpacci sostuvo que la iniciativa no resolverá los problemas de fondo vinculados al delito juvenil.

Por su parte, el senador Gerardo Zamora cuestionó la constitucionalidad del proyecto y anticipó posibles litigios judiciales.

Cruces políticos y defensa oficialista

Desde los bloques que apoyaron la ley defendieron la necesidad de actualizar el régimen vigente. El senador Luis Juez respondió a las críticas opositoras y rechazó los cuestionamientos sobre el financiamiento del sistema.

El debate cerró con fuertes cruces entre oficialismo y oposición. El senador Martín Soria sostuvo que la norma contiene “errores graves y peligrosos” y cuestionó su eficacia para reducir el delito.

Rol de las víctimas y enfoque de reinserción

El nuevo régimen otorga un papel central a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes. La ley garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

En los casos de menores inimputables, la norma ordena la intervención judicial para investigar los hechos y aplicar medidas protectoras bajo la órbita de la justicia civil.

Además, el texto fija estándares de alojamiento que aseguran acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual dentro de los centros especializados.

Con la sanción definitiva, el Gobierno nacional avanza en una reforma estructural del sistema penal juvenil. La implementación efectiva dependerá ahora de la reglamentación y de la articulación con las provincias para garantizar recursos e infraestructura adecuados.

Foto: Infibae